MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente

                       


SC8300-2017

Radicación n°. 11001 02 03 000 2013 02818 00

(Aprobado en sesión de veintidós de febrero de dos mil diecisiete)


Bogotá D. C., trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017).


Se decide sobre la solicitud de exequátur presentada por JAIRO FONSECA MENDEZ, respecto de la sentencia de divorcio proferida el 10 de septiembre de 2004, por el Tribunal de Circuito Judicial 17 para el Condado de Broward, Florida, Estados Unidos de Norte América.


  1. ANTECEDENTES


  1. Mediante escrito presentado a través de apoderada judicial especialmente constituido para tal fin, el aludido demandante, mayor de edad y de nacionalidad colombiana deprecó el otorgamiento de efecto jurídico a la providencia extranjera ab initio citada. 


  1. Como soporte de su petición, el interesado narró los siguientes hechos:


       2.1 Que el 20 de junio de 1996, en la ciudad de Cajicá - Colombia, contrajo nupcias con María del Pilar Lozano Tangarife en la Notaría Única de la misma ciudad, mediante Escritura Pública No. 0192 con indicativo serial 4138055.


       2.2 Durante el vínculo matrimonial «que fue superior a Ocho (sic) años (8), se procre[ó] un hijo a quien se le dio el nombre de DAVID MAURICIO FONSECA LOZANO, quien en este momento es mayor de edad».


2.3 Por circunstancias diversas, en 2004 «los cónyuges Señor (sic) JAIRO FONSECA MENDEZ y MARIA DEL PILAR LOZANO TANGARIFE, decidieron separarse de cuerpos».


    1. La citada señora interpuso demanda solicitando la disolución de la unión «ante el Tribunal del Circuito Judicial 17 para el Condado de BROWARD, Florida, Estados Unidos de Norte América, quien estaba facultado para conocer de la disolución del matrimonio […]».


    1. El 10 de septiembre de 2004, el Tribunal del Circuito Judicial 17 para el Condado de BROWARD del Estado de Florida, Estados Unidos «concedió el divorcio o disolución del Matrimonio» aduciendo que «el matrimonio entre las partes se ha roto irreparablemente».


    1. En la mencionada providencia, se señaló lo relacionado con la «custodia del menor, la cuota alimentaria del menor DAVID FONSECA LOZANO, que será cancelada por el esposo hasta que este cumpla 18 años o termine su bachillerato»; al respecto de la liquidación de la sociedad conyugal, al esposo le correspondió cancelar «una suma global por concepto de pensión alimenticia a la esposa María del Pilar Lozano, con la casa material 501 N. W. Terrace, Pambroke Pines, Florida, junto con la deuda hipotecaria, la cual será transferida a esta […]» (Fls. 36 a 40).


                       II. EL TRÁMITE OBSERVADO


  1. En auto de 10 de marzo de 2014 se admitió la demanda por reunir los presupuestos legales y se ordenó correr traslado al Ministerio Público (Fl. 43), entidad que en tiempo, por intermedio de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, manifestó:


“no es viable otorgar el exequatur solicitado por las siguientes consideraciones: 1. La sentencia del 10 de septiembre de 2004 que profirió el Tribunal del Circuito Judicial 17 para el Condado de BROWARD, Florida, Estados Unidos de Norte América, que declaró disuelto el matrimonio celebrado entre el señor JAIRO FONSECA MENDEZ y la señora MARIA DEL PILAR LOZANO TANGARIFE, no cumple con el artículo 3 del artículo 694 del C.P.C., por cuanto en los anexos de la demanda, no aparece la constancia de la ejecutoria del fallo. 2. Al no encontrarse debidamente probada la ejecutoria de la sentencia cuyo exequatur se demanda, no se podría afirmar que el derecho de contradicción y defensa del demandado se cumplió. 3. La sentencia traducida al idioma español, no indica cual fue la causal explícita alegada para que se hubiese decretado el divorcio entre las partes. Por lo tanto, no es posible establecer que la decisión adoptada guarda consonancia con el régimen de divorcio que bajo las directrices generales de la Constitución Política de Colombia, instituyó la Ley 1ª. de 1976, artículo 154 del Código Civil Colombiano”.


  1. Luego, inició la etapa de ordenación y práctica de pruebas (Fls. 61 a 62), se dispuso tener en cuenta los documentos anexados con la demanda; vencido dicho período, se concedió la oportunidad para alegar de conclusión (Fl. 99), derecho respecto del cual hizo uso el extremo activo del presente proceso (Fls. 101 a 103).


  1. El trámite reservado para esta clase de asuntos fue agotado plenamente y por esto, corresponde resolver sobre el fundamento y viabilidad de la petición elevada.


III. CONSIDERACIONES


       1. En línea de principio, en el territorio patrio, sólo las decisiones emitidas por los jueces nacionales o las de los particulares facultados expresamente para ello, producen efectos; por tanto, bajo esa perspectiva, las sentencias de funcionarios extranjeros no podrán hacerse cumplir en el país, habida cuenta que resultaría afectada la soberanía del Estado.


               No obstante, por diferentes circunstancias, se ha posibilitado que esos fallos tengan plena aplicación en Colombia, para lo cual deben someterse al cumplimiento de un mínimo de requisitos, a más de necesitar la  autorización que expide la Corte Suprema de Justicia a través del trámite del exequátur.


2. Los artículos 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, regulan esa posibilidad, al ordenar el primero de ellos  que «Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia».


De acuerdo con la norma transcrita, para que produzcan eficacia las providencias y/o sentencias extranjeras en nuestro ordenamiento es menester que, primeramente, el país de donde proviene la decisión objeto de validación, le brinde a las de los jueces nacionales similar tratamiento, ya sea como consecuencia de tratados bilaterales o multilaterales celebrados; o, en defecto de los mismos, por la  existencia de reciprocidad legislativa.


         Dicha directriz, en variadas ocasiones, ha sido precisada por la Corte en los siguientes términos:


“[…] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrado Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia […]” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, reiterada en CSJ SC6143-2014, Rad. 2013-01441-00).


Por su parte, el canon 694 ibídem consagra requerimientos, tanto de forma, que atañen a la correcta incorporación al proceso de la decisión extranjera, la debida autenticación, traducción, legalización y ejecutoria de la misma; como de fondo, los cuales involucran aspectos relacionados con el contenido de la determinación, en la medida en que no puede contradecir disposiciones de orden público interno, ni comprender asuntos que comprometan derechos reales sobre bienes que se hallen en el país, ni extenderse a conflictos de competencia exclusiva de las autoridades colombianas, como tampoco aquellos sometidos a proceso que se halle en trámite o con sentencia en firme. 


3.- El  expediente contentivo de la petición de exequátur contiene la siguiente información:


a.- El 10 de septiembre de 2004, el Tribunal de Circuito Judicial 17 para el Condado de Broward, Florida, Estados Unidos de Norte América declaró que «los lazos matrimoniales entre la Demandante/Esposa María del Pilar Lozano, a/k/a María Fonseca y el Demandado/Esposo Jairo Fonseca-Méndez quedan disueltos por medio de la presente» (Fls. 11 a 16).


b.- Registro Civil de Matrimonio de los citados, celebrado en la ciudad de Cajicá – Colombia el 20 de junio de 1996 (Fl. 34).


c.- Acta de nacimiento del hijo de la pareja, la cual evidencia que en la actualidad David Mauricio Fonseca Lozano es mayor de edad (Fl. 35).


d. Mediante comunicación del 29 de agosto de 2014, la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó que no existe convenio bilateral o multilateral entre las repúblicas de Colombia y Estados Unidos de América (Fl. 68).


e. El Consúl General de Colombia en la Florida (Estados Unidos) acreditó que «no existe normatividad legislación general en el Estado de la Florida sobre reciprocidad y reconocimiento de las sentencias extranjeras» (Fl. 73).


f. La autoridad citada en el numeral anterior, remitió escrito en el que explicó cómo se desarrolla el reconocimiento de una sentencia extranjera en ese país, a través del concepto de «comity», el cual consiste en:


“[…] el reconocimiento que un país le da a los actos legislativos, ejecutivos y judiciales del otro, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales y la conveniencia, así como los derechos de sus de sus ciudadanos y otras personas que se encuentran bajo la protección de sus leyes” (Fls. 73 a 75).


g.- Informe en copia autentica del abogado del Estado de la Florida Glenn G. Kolk, quien manifiesta que «las Cortes del Estado de la Florida reconocen y hacen cumplir los decretos de divorcio expedidos por las cortes colombianos siempre y cuando se cumplan ciertas normas mínimas y estipulándose además que las cortes colombianas reconocerían recíprocamente, las sentencias de las Cortes de la Florida […]» (Fls. 111 a 113).


h.- El abogado Yale Manoff (Florida – Estados Unidos), a través de concepto en copia autentica mencionó que:


«Los Tribunales del Estado de Florida reconocen y hacen cumplir los decretos de divorcio dictados por los Tribunales Colombianos, siempre y cuando se cumplan ciertos estándares mínimos de la justicia procesal, y siempre cuando también, los Tribunales de Colombia reconocieran y dieran reconocimiento a las sentencias de los Tribunales del Estado de Florida, sobre bases de reciprocidad. Como resultado, puedo decir que el sistema judicial según existe bajo la ley de Florida, reconocería los decretos de divorcio (Sentencias Definitivas) registrados por una autoridad judicial competente en Colombia […]» (Fls. 117 a 118).


i.- Demanda con la que se dio inicio al proceso de divorcio en el extranjero, presentada por la señora María del Pilar Lozano contra el señor Jairo Fonseca Méndez (accionante), en la que señaló que «esta petición de disolución debe ser concedida porque el matrimonio está irremediablemente roto» (Fls. 158 a 167).


4. Así las cosas, se advierte que no existe reciprocidad diplomática entre los dos Estados, pues según las certificaciones citadas previamente, entre nuestro país y Estados Unidos de Norteamérica no existe tratado vigente respecto a la ejecución recíproca de sentencias. Sin embargo, aparecen documentos (Conceptos de abogados del Estado de la Florida de Estados Unidos de Norteamérica)  que reconocen la fuerza de los fallos extranjeros.


En virtud de los pronunciamientos de los juristas foráneos referenciados, de entrada, permite pensar que la reciprocidad legislativa se encuentra acreditada, sin embargo, la causal de divorcio expresada, que se refiere al «matrimonio […] irremediablemente roto», vista tanto en la sentencia del Tribunal foráneo, como en la demanda presentada por la señora María del Pilar Lozano contra el aquí accionante, no permite bajo la legislación colombiana que dicha providencia pueda ser objeto de exequatur, toda vez que, de homologarse, se estaría vulnerando el orden público colombiano, pues la razón sustentada no encuentra asidero en ninguna medida con las causales de divorcio del artículo 154 del Código Civil patrio.

En efecto, conforme con lo planteado en la sentencia extranjera, en ningún momento se vislumbra dentro del soporte del fallo, que la pareja haya llegado a algún tipo de convenio para divorciarse como pareja, o consecuencialmente, tampoco, de la manutención y custodia de los hijos, propiedades, deudas, entre otros; de lo que refulge, fue un proceso estrictamente contencioso, y en ningún momento, hubo acuerdo entre los consortes para llevar a cabo el proceso de divorcio en cuestión.


Por tanto, itérese, la decisión judicial proferida en el Estado de la Florida – Estados Unidos de Norteamérica no puede ser susceptible de homologación dentro de la legislación jurídica colombiana, pues de hacerlo, abiertamente se estaría vulnerando el orden público interno.


5.- Al respecto ha mencionado la Corte que:


De concederse exequátur, se socavaría el orden público, no solo porque la providencia está fundada en un motivo de ningún modo reconocido en el derecho patrio, sino también porque se habilitaría, sin más, el mero paso injustificado del tiempo como motivo de divorcio, todo lo cual atenta contra la institución de la familia, concebida por la norma superior como el núcleo fundamental de la sociedad, y contra la protección integral que, a partir de hacer taxativas las causales de divorcio, el Estado se propone garantizar (art. 42, C. P.), para darle estabilidad.


El orden público implica «(…) la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de salvaguardarlo» (CSJ SC. Sentencia de 8 de julio de 2013, Rad. #2008-2099-00), y «(…) se evidencia en asuntos de esta índole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez (…) extranjero que socava la organización social colombiana. De ahí que en la materia deba estar plenamente clarificado  que la sentencia cuyo exequátur se reclama no contraría el orden público nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles» (CSJ SC. Sentencia SC-17371 de 18 de diciembre de 2014, Rad. #2013-02234-00. Reiterado en CSJ AC de 25 de agosto de 2015 Rad. 2015-01124-00). 


6.- Con base en lo anterior y por no encontrarse reunidos los presupuestos legales es procedente denegar los efectos jurídicos a la mencionada determinación de «divorcio».


IV. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE


PRIMERO: NO CONCEDER el exequátur del fallo proferido el 25 de julio de 2012, por el Municipal de Frankfurt Am Main (República Federal de Alemania), a través del cual se decretó la adopción de Christian Stiven Viafara.



SEGUNDO: Sin costas en la actuación.


NOTIFÍQUESE




LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA